Gobernación se comprometió a mejorar la seguridad vial y aumentar la presencia policial en la zona.
Quienes transitan a diario por la ruta a Cato, que une Chillán con las localidades del nororiente, quedaron perplejos cuando a primera hora de la mañana de ayer se encontraron con un grupo de trescientas personas que bloquearon la ruta a la altura de la localidad de Quinquehua. En este lugar vivía Mariel Soto Acuña, la menor que murió atropellada por una camioneta tras bajar de un bus y cruzar la carretera para ir a su casa. El hecho no sólo provocó consternación entre los vecinos y sembró la tragedia al interior de una familia, sino que de inmediato generó una serie de reclamos en el sector, principalmente ante el exceso de velocidad con que circulan los vehículos y la escasa señalización que presenta el lugar. “Estamos cansados de que no nos escuchen, acá muere alguien y es como si se muriera un perro, se murió no más”, reclamaron a este medio decenas de vecinos, el sábado último durante el velatorio de la niña de sólo 8 años y la menor de tres hermanos. Encabezados justamente por el padre de la menor, cientos de vecinos salieron ayer temprano de sus casas para tomarse la carretera que atraviesa la localidad y desde la semana pasada también sus vidas. La movilización de inmediato generó repercusiones y trastornos en el tráfico vehicular del sector, especialmente en la locomoción colectiva que no pudo transitar desde las localidades del oriente, como Nahueltoro, Ribera Ñuble, Chacayal y Tres Esquinas, en dirección a Chillán. Carabineros entonces dispuso de un operativo encabezado por el prefecto de Ñuble, coronel Oscar Medina, para restablecer el orden, mientras en el ingreso al camino a Cato en Chillán, efectivos instruían a los automovilistas para que tomaran como ruta alternativa el camino a Coihueco.
COMPROMISOS DEL GOBIERNO. Mientras los lienzos, carteles y gritos de la multitud comenzaban a ser recurrentes, la abogada de la gobernación, Claudia Saavedra, arribó al lugar para dialogar con los manifestantes. La asesora se comprometió a una serie de medidas a realizarse en un lapso de siete días. Entre ellas, la presencia de un carabinero durante el ingreso y salida de los escolares, la instalación de tachas viales para que los vehículos disminuyan la velocidad y un estudio de factibilidad para revisar la máxima permitida de 70 kilómetros.
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